DECISIÓN DEL GOBIERNO A PEDIDO DE LA OEA
Es obvio que la OEA luego de décadas de grandes fechorías y de ser mandadero de la política norteamericana para América Latina, y responsable del bloqueo a Cuba por más de cincuenta años, necesita renovarse, maquillarse nuevamente para entrar en escena en los tiempos que corren. No hay nada mejor que el gobierno uruguayo le de una manito.
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Ilustración Vicman (detalle) – Trinchera Patriota |
En estos días un nuevo paso en el tema de la “responsabilidad institucional”, que le exige al estado uruguayo la OEA a través de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, centrado en el tema de las desaparición de María Claudia García de Gelman, en el año 1976.
No es nada nuevo en la materia que el nuevo intento presidencial de poner punto final al tema de la impunidad en nuestro país ya lleva varias décadas, se podría afirmar que ésta ha sido una de las exigencias más importantes del pueblo uruguayo, ni bien alcanzó las libertades democráticas.
El proceso que ha vivido el tema de los derechos humanos en nuestro país y la anulación de la ley de impunidad ha derivado durante los gobiernos de Vázquez y Mujica ribetes verdaderamente increíbles si se los observa en la perspectiva del restablecimiento de la verdad y la justicia.
Nos referimos estrictamente a los procedimientos y posturas políticas del gobierno nacional. Lo primero fue cuando el Frente Amplio no voto la papeleta rosada que de por sí no significaba la anulación de la ley. Y la segunda la peor de todas y la más visible fue el tristemente proceso del capitulo con el diputado de la 609, Víctor Semproni, ex dirigente tupamaro, que no voto ni siquiera la propuesta oficial bastante deshilachada por el proceso de negaciones previo, dentro del Frente y con algunos sectores de los partidos tradicionales.
Después de allí el disfraz de “gobierno de izquierda” del Frente Amplio ha ido perdiendo color y fuerza ante su electorado y especialmente entre su militancia, que esperaba verdad y justicia, así como un cambio social a favor del pueblo uruguayo.
El acuerdo de mantener una política económica fondomonetarista y de no tocar los delitos de lesa humanidad de la dictadura se ha transformado en una de las tenazas que aprietan más o menos en cada momento, volviéndose cada vez más incompatibles y perdiendo la armonía de una política que solamente puede desarrollarse a través de pactos políticos y acuerdos sociales, entre todas las partes.
Es notorio que la políticas del gobierno se basa en la búsqueda de nuevos mercados para sus importaciones, “honrar la deuda”, y resolver en cuenta gota los problemas que más resonancia internacional han tenido como es el caso Gelman, donde toda la familia ha sido perjudicada por el secuestro y asesinato de Claudia García de Gelman y su compañero.
Es obvio que la OEA luego de décadas de grandes fechorías y de ser mandadero de la política norteamericana para América Latina, y responsable del bloqueo a Cuba por más de cincuenta años, necesita renovarse, maquillarse nuevamente para entrar en escena en los tiempos que corren. No hay nada mejor que el gobierno uruguayo le de una manito.
Lo decimos una vez más, el gobierno uruguayo no ha resuelto el tema de la impunidad, ni de la verdad y justicia en forma integral. Lo único que ha hecho hará por lo que nos hemos informado es una acto ha pedido de la OEA, donde dirá que todos somos responsables, en fin, nada más alejado que la conducta errática de un mandatario.
Aquí es necesario el esclarecimiento de los hechos, alcanzar la verdad y que se ejerza la justicia con un criterio independiente.
Así de sencillo y la OEA que espere…
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